El 22 de mayo pasado, los jueces Emiliano Rolón, Bibiana Benítez y Pedro Mayor Martínez resolvieron la extinción de una de las causas existentes contra Alfredo Stroessner, su ex ministro del Interior Sabino Augusto Montanaro, ya fallecidos, a más de los torturadores, Camilo Almada Morel (alias Sapriza), Juan Martínez, Lucilo Benítez (alias Kururú Pire), y Eusebio Torres, correspondiente a la querella impulsada por Santiago Rolón, en su carácter de víctima por los crímenes de homicidio, lesión corporal, tortura, amenaza de muerte, asociación ilícita para delinquir, secuestro, abuso de autoridad y otros.
Esta medida judicial, pone al desnudo la deliberada desidia del Estado en la persecución penal contra los responsables de crímenes de lesa humanidad. La principal responsabilidad de esta resolución judicial en particular, y de la impunidad en general, recae sobre el Ministerio Público, que ha omitido investigar y dar celeridad a esta y otras causas vinculadas al Terrorismo de Estado, el saqueo de bienes y tierras públicas, las masacres contra pueblos indígenas, la violación sistemática de niñas y otras aberraciones cometidas durante los 35 años de dictadura. Todos los responsables de la extinción de esta causa, tanto jueces, como fiscales, deberían rendir cuentas ante un Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados que también requiere ser saneado.
Decenas de criminales de los tiempos de Stroessner se pasean delante de nuestros ojos, sin sanción de ningún tipo por la desidia de un sistema judicial que ha resuelto otorgar impunidad y de esta manera, generar condiciones favorables para la continuidad del Terrorismo de Estado y la repetición de las peores formas de deshumanización por medio de la tortura y la práctica de tratos crueles, inhumanos y degradantes. El pasado 2 de febrero, a propósito de la multitudinaria marcha por los 30 años del golpe a Stroessner, afirmábamos que “tras décadas de totalitarismo, las dirigencias políticas, judiciales, policiales y militares que sustentaron el régimen dictatorial, continuaron habilitadas en el ejercicio del poder público y conservaron el control del país”. Esta es la razón fundamental que permitió que el mes pasado, los torturadores acusados hayan sido sobreseídos por la vía de la extinción, sentando un nefasto precedente.
Sin embargo, esta situación es también una llamada de atención para redoblar el seguimiento de otras causas penales en curso y aumentar el número de ellas, poniendo el foco en el patrón de actuación institucional del Ministerio Público y el Poder Judicial que hasta la actualidad ha garantizado impunidad del aparato de poder stronista. Desde la Plataforma Social de DDHH, Memoria y Democracia sumamos nuestra acción militante al desafío de construir una mayoría social con consciencia de lo ocurrido en nuestro pasado reciente, que repudie a los criminales de lesa humanidad y que logre la efectivización de condenas penales y morales contra los mismos.
Renovamos el compromiso de luchar y construir organización en el campo y la ciudad para acabar con la herencia stronista y construir una sociedad democrática, justa y plural. Recordamos algunas de las reivindicaciones planteadas en nuestro manifiesto durante la marcha del 2 de febrero pasado vinculadas al fin del stronismo: https://www.plataformaddhhpy.org/
¡Por la memoria viva de quienes dieron su vida por la libertad y la democracia!
¡Por la memoria, el juicio y el castigo de represores y saqueadores y la recuperación de tierras y bienes malhabidos!
¡Terrorismo de Estado NUNCA MÁS!
14 de junio de 2019
Contactos:
Mary Lezcano: 0985 211 314
Alvino Villalba: 0982 945 562
