Desde la Plataforma Social de Derechos Humanos. Memoria y Democracia nos dirigimos a la opinión pública nacional e internacional para denunciar el actual proceso de represión y criminalización de las protestas sociales en el Paraguay.
Transcurrido más de un año desde la declaración de emergencia y habiendo obtenido préstamos y donaciones por más de 3.000 millones de dólares, el Gobierno del Partido Colorado ha continuado priorizando la corrupción, los negociados público-privados, actuando con total desidia en las materias más urgentes para el pueblo: alimentación, salud, educación, trabajo.
Miles de personas han salido a las calles en diferentes ciudades del país para hacer escuchar su voz de protesta, exigiendo una salud pública que brinde medicamentos y asistencia digna para sus familiares, en este momento sin medicamentos esenciales e internados en los pasillos y sillas de los hospitales por falta de camas; la provisión urgente de vacunas suficientes contra el coronavirus; reclamando por el calamitoso estado de las escuelas públicas, el abandono de la educación y el incumplimiento del arancel cero conquistado por las luchas estudiantiles universitarias; manifestando su desesperación ante las pérdidas de empleos, producto del cierre de cientos de pequeños y medianos negocios que no han recibido el apoyo debido del Estado, por lo cual cientos de miles de jefas y jefes de hogar deben hacer malabares para sobrevivir y llevar el pan a sus hogares.
La ciudadanía autoconvocada, los movimientos sociales y populares, con claro protagonismo joven, han señalado que son los más de 70 años de gobiernos de la ANR los responsables de la crítica situación actual.
La policía reprimió las protestas con golpes, patadas, tratos degradantes, así como aprehendiendo arbitrariamente a decenas de manifestantes.
Tras las manifestaciones posteriores al rechazo del juicio político contra Mario Abdo Benítez y Julio Velázquez, los fiscales Lorenzo Darío Lezcano y María E. González ordenaron la detención de Arnaldo Martínez, Vivian Guadalupe Genes, Enrique Agüero Escobar, Pedro Manuel Areco y Luis Miguel Trinidad, por perturbación de la paz pública, daño a cosas de interés común, daño a obras construidas.
La orden de detención contra los jóvenes manifestantes se dio en el mismo día en que la Asociación Nacional Republicana, a través de su apoderado legal, presentara a la fiscalía una denuncia por perturbación de la paz pública y otros delitos, identificando a varios activistas sociales como supuestos autores de los mismos.
La celeridad de la fiscalía para procesar a manifestantes aprehendidos por violación de la cuarentena y por perturbación de la paz pública y daño, contrasta con la total impunidad en la que se deja desde la misma institución a quienes cometen torturas y otros abusos policiales, o disparos flagrantes de arma de fuego contra manifestantes. A su vez, es manifiesta la inacción fiscal ante todo el esquema de corrupción público-privada que desató la actual crisis sanitaria. Hay continuas quemas de viviendas y chacras de familias campesinas e indígenas en los desalojos forzosos de comunidades – incendios criminales y violatorios del derecho humanitario– que efectúa la propia fiscalía y policías, sin que se les abra un sumario siquiera.
El derecho a la protesta es un derecho cívico fundamental en democracia, así como el derecho de resistencia a la opresión, consagrado constitucionalmente.
La actuación policial-fiscal apunta a criminalizar las protestas sociales, estigmatizando a activistas y generando una situación de intimidación pública para evitar que más personas se vayan sumando a las manifestaciones que emergen en diversas localidades del país. Al mismo tiempo, esta política represiva defiende y garantiza la continuidad del modelo stronista de corrupción y despojo del pueblo, modelo que desde hace décadas se sustenta en la violación masiva de los derechos económicos, sociales y culturales de las clases trabajadoras del país.
Mientras el Estado no dé respuestas a las necesidades básicas de salud, educación, alimentación, trabajo, la crisis se agudizará.
Exigimos a la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y del Ministerio Público, y a las Comisiones de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados y de Senadores a que tomen conocimiento y ejerzan sus competencias legales respecto de las acciones lesivas de derechos cometidas por agentes policiales y fiscales.
Sin derechos no hay democracia.
Asunción, 20 marzo 2021