Compartimos texto presentado a la Cámara de Senadores por referentes de la Plataforma Social de Derechos Humanos, Memoria y Democracia, el 10 de diciembre de 2020
Día Internacional de los Derechos Humanos
Proyecto de Ley “Que crea la Comisión Nacional para el estudio de los mecanismos de recuperación de las tierras malhabidas, identificadas en el Informe Final de la Comisión de Verdad y Justicia del año 2008” y solicitar su aprobación, con la siguiente:
Exposición de Motivos
La Comisión de Verdad y Justicia (CVJ) sostuvo en su Informe Final que la recuperación de las tierras malhabidas y su adjudicación a los sujetos de la reforma agraria constituía un imperativo para el restablecimiento del orden legal y legítimo de las tierras en el Paraguay.
Hasta el año 2003, el 19.3 % del territorio nacional se encontraba afectado por la grave ilegalidad que representan las tierras malhabidas. Tras la conversión del Instituto de Bienestar Rural (IBR) en el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) en 2004, la corrupción en materia de adjudicación de tierras agrarias continuó, desconociéndose la cantidad de tierras malversadas entre 2003 y 2020.
La Fiscalía General del Estado no ha abierto ninguna línea de investigación respecto de ese esquema tan grave de corrupción, de malversación de tierras públicas que debían ser destinadas a las y los sujetos de la reforma agraria, pese a haberse constatado que el mismo continuó funcionando luego de la apertura política en 1989. Tampoco ha sido posible recuperar ninguna tierra malhabida a través de procedimientos judiciales tramitados ante la jurisdicción civil, con la excepción de una parte de las tierras de la comunidad San Isidro del Jejuí.
Como ha señalado la Comisión de Verdad y Justicia, las tierras malhabidas constituyen graves violaciones de los derechos humanos del campesinado. Además, la impunidad en torno a las mismas compromete la propia posibilidad de funcionamiento de un Estado social y democrático de derecho en el país, porque vicia la base territorial.
Han transcurrido más de tres décadas desde la caída del dictador Alfredo Stroessner. Como sociedad no podemos seguir eludiendo y postergando la discusión democrática sobre las tierras malhabidas, pues constituyen el principal obstáculo para un sistema de gobernanza responsable de la tenencia de la tierra en el Paraguay, para la reforma agraria y el consecuente cumplimiento de los derechos campesinos.
En este periodo se ha profundizado y expandido el carácter fraudulento de la base territorial del país: sumándose a las millones de hectáreas de tierras malhabidas identificadas hasta el 2003, se ha generado también un esquema de adquisición ilegal de lotes por no sujetos de la reforma en colonias y asentamientos campesinos, casos de apropiación ilegal de territorios indígenas, realización de transacciones fraudulentas con inmuebles públicos y la generación de una amplísima superposición de títulos de propiedad.
El paso ineludible para iniciar el proceso de saneamiento de tierras en nuestro país es el acuerdo social y político sobre los mecanismos de recuperación de las tierras malhabidas identificadas por la CVJ, en particular, aquellas malversadas por la dictadura stronista en un contexto de terrorismo de Estado.
El Congreso Nacional tiene un rol clave para hacer posible este avance democrático, generando los espacios institucionales para la deliberación plural y el logro de acuerdos legítimos. Por ello, en este Día Internacional de los Derechos Humanos, desde la Plataforma Social de Derechos Humanos, Memoria y Democracia, solicitamos al Congreso Nacional:
La creación de una Comisión Nacional para el estudio de los mecanismos de recuperación de las tierras malhabidas, identificadas en el Informe Final de la Comisión de Verdad y Justicia del año 2008.
Dicha Comisión debería estar integrada por representantes de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados, representantes de la Procuraduría General de la República, del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra, y de la Corte Suprema de Justicia, Dirección General de los Registros Públicos, Servicio Nacional de Catastro dependiente del Ministerio de Hacienda y el Departamento de Agrimensura y Geodesia del MOPC, INDI.
La Comisión tendría que ser asesorada por referentes juristas especialistas en la temática.
Debe dotarse al proceso de análisis de mecanismos de participación social que permitan escuchar las perspectivas y considerar las propuestas del movimiento campesino, de movimientos de lucha por la tierra y la vivienda digna en el ámbito urbano, de organizaciones de derechos humanos, de universidades y de otros sectores sociales comprometidos con la plena garantía de los derechos humanos en el país.
El periodo de trabajo de la Comisión no debería ser superior a un año.
Debe garantizarse la presentación de las conclusiones de la Comisión Nacional en audiencias públicas ampliamente participativas, incluyendo la realización de audiencias departamentales.
La creación de una Comisión Nacional con las características propuestas generará una herramienta de trabajo institucional para encontrar soluciones viables a la problemática de las tierras malhabidas, con participación social. Se trata de un paso imprescindible para el cumplimiento del programa constitucional vigente sobre la reforma agraria, como derecho económico del campesinado y como base del desarrollo rural sostenible en un Estado social de derecho.
Dicho proceso de deliberación democrática constituye un imperativo político, jurídico, ético e histórico. Miles de mujeres y hombres llenos de dignidad y coraje lucharon contra la dictadura stronista, anhelando una democracia que garantice el disfrute de los derechos humanos a todos y todas. La recuperación de las tierras malhabidas será una conquista cívica, social y popular que determinará el avance decidido hacia ese nuevo Paraguay.
Adjuntamos un anteproyecto de ley para su consideración.
Dr. Luis Lezcano Claude
Dr. Rogelio Goiburu
Dr. Alberto Alderete
Mg. Milena Pereira Fukuoka