El Estado debe ser garante de los derechos humanos y debe promover una cultura respetuosa de los mismos.
Es absolutamente inmoral que desde la más alta magistratura pública se festeje y se presente como un triunfo la muerte de dos niñas por la acción de fuerzas militares.
El Paraguay es parte de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño (Ley N° 57/90) y ha ratificado el Protocolo Facultativo complementario de dicha Convención relativo a la participación de niños en los conflictos armados (Ley N° 1897/02).
El Presidente la República, los Ministros de Defensa y de Interior, y los más altos mandos de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) , son los principales responsables del operativo en el cual resultaron acribilladas dos niñas. Desde el Gobierno han sostenido que se trataba de integrantes del EPP, abatidas en enfrentamientos. De esta manera, las autoridades desconocen que tratándose de niñas, niños y adolescentes ningún reclutamiento puede ser considerado voluntario, que el Estado es responsable de la prevención de estas prácticas, y que la obligación de los agentes estatales en caso de hallar a niñas, niños o adolescentes en situaciones de conflicto armado es reconocerlos como víctimas y procurar su protección.
Además de estas graves violaciones del derecho internacional de los derechos humanos que forma parte de nuestro ordenamiento jurídico vigente, el Estado ha procedido a enterrar a dichas menores sin identificarlas, como si no hubieran sido niñas que merezcan cuanto menos recibir una digna sepultura, ser lloradas y enterradas por sus familiares.
Este grado de crueldad e inhumanidad, la negación por los más altos responsables políticos y militares de sus obligaciones jurídicas en materia de protección de la niñez, incluyendo las declaraciones omisivas del ente rector que es el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia; las cada vez más graves violaciones de derechos humanos que se vienen cometiendo por la Fuerza de Tarea Conjunta, denunciadas en varias oportunidades por referentes de la Iglesia, movimientos sociales y organizaciones de derechos humanos; la extremada falta de transparencia en el accionar de la FTC, pese al enorme presupuesto público que conllevan, configuran un estado crítico.
Este proceder sacude dramáticamente nuestra memoria y nos remite a los macabros años del stronismo, interpelando nuestro compromiso con el necesario juicio y castigo a responsables de los crímenes de lesa humanidad durante aquel periodo, ya que estas atrocidades tienen sus bases en el stronismo. Es imperioso el fin de la impunidad de dichos crímenes y la investigación y sanción de los crímenes que actualmente se están perpetrando.
Desde la Plataforma Social de Derechos Humanos, Memoria y Democracia solicitamos a las instituciones públicas encargadas de velar por la promoción, defensa y protección de los derechos humanos realizar todas las acciones de su competencia para lograr el esclarecimiento de lo ocurrido y la adopción de medidas que reviertan el cada vez más grave retroceso en materia de garantías básicas de derechos fundamentales.
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