Por una política pública de apoyo a las ollas populares que garantice el derecho a la alimentación

El 29 de mayo realizamos una presentación a la SEN, con copia al Ministerio de Desarrollo Social y a la Presidencia de la República, peticionando el apoyo gubernamental debido a las ollas populares comunitarias que se han organizado en todo el país para hacer frente al hambre y la inseguridad alimentaria, y la conformación de una mesa de trabajo técnica y social. Incluimos un listado de 117 ollas populares autogestionadas en 81 comunidades de 10 departamentos del país que requieren urgente apoyo estatal.

El 9 de junio nos hemos reunido con el Ministro de Desarrollo Social, Mario Varela, quien reconoció la necesidad e importancia de apoyar las ollas populares comunitarias, y se comprometió a crear una mesa de trabajo en el MDS con participación social para organizar la implementación de dicho apoyo. A su vez, el ministro reconoció la necesidad de generar políticas de garantía del derecho a la alimentación en el país, y el carácter estratégico de las ollas populares y los comedores comunitarios.

JUNTO CON LAS ARTICULACIONES DE OLLAS POPULARES PLANTEAMOS LAS SIGUIENTES EXIGENCIAS:

1. La conformación de una mesa de trabajo técnica y social para abordar la actual crisis alimentaria en las comunidades y definir las vías de implementación del apoyo a las ollas populares comunitarias, con participación de referentes de las mismas.

2. La provisión suficiente de alimentos a tiempo que permita complementar el trabajo voluntario, organizado y solidario de las comunidades que sostienen las 117 ollas populares a nivel nacional para el logro de la seguridad alimentaria de 16.039 personas.

3. Que los alimentos proveídos sean adecuados desde la perspectiva nutricional y cultural, necesitamos insumos de calidad y en cantidad suficiente.

4. La apertura de una ventanilla para el registro de las ollas populares, con formularios y procedimientos simplificados y accesibles.

5. El establecimiento de un mecanismo eficaz de quejas y reclamos en caso de demoras o deficiencias en las provisiones comprometidas.

6. Rendición de cuentas transparente y cero politizaciones de los recursos alimentarios por parte de las instituciones responsables.

7. Publicación por parte del Poder Ejecutivo del presupuesto destinado para garantizar el derecho a la alimentación y la protección contra el hambre en el contexto de la emergencia sanitaria y socioeconómica existente.

8. La adquisición de alimentos producidos por la agricultura campesina e indígena, a través de las compras públicas, promoviendo circuitos locales de producción, comercialización y consumo saludable, efectivizando la aplicación del decreto 3000/15 por el cual se establece el proceso simplificado para la adquisición de productos agropecuarios de la agricultura familiar.

El Estado paraguayo ha adquirido 2.242 millones de dólares, más donaciones recibidas para hacer frente a los impactos de la pandemia del COVID-19. El combate al hambre es una obligación urgente del Estado, debiendo adoptar las medidas necesarias, hasta el máximo de los recursos de que disponga, para garantizar que ninguna persona pase hambre.