El 2 y 3 de febrero de 1989 se produjo un golpe dentro del mismo régimen dictatorial, a raíz del amplio desgaste de su modelo político totalitario por las crecientes luchas populares; el giro de la política de los EEUU en la región, con un discurso de defensa de los derechos humanos; y el fin –para 1989– de todos los regímenes de dictaduras militares en el continente. Durante la dictadura cívico-militar de Alfredo Stroessner al menos siete millones de hectáreas de tierras públicas que debían ser destinadas a la reforma agraria fueron repartidas a autoridades estatales, empresarios, hacendados brasileños, militares y políticos cómplices del régimen. Se desalentó la industrialización del país y se instalaron los tráficos ilegales de todo tipo (drogas, armas, madera, mercancías falsificadas, etc.), promovidos desde el gobierno. La élite stronista se apropió del Estado para su beneficio, estructurando un esquema de corrupción sistémica.
Para asegurar este modelo de acumulación fraudulento y extremadamente empobrecedor para las mayorías sociales, se conformó un aparato represivo de muy amplio alcance. Decenas de miles de nuestros mejores hombres y mujeres fueron perseguidos, encarcelados, torturados, exiliados, muertos y desaparecidos. La tiranía stronista promovió el miedo de la población y la anulación del pensamiento crítico como método de disciplinamiento de la sociedad. Se institucionalizó el Servicio Militar Obligatorio (SMO) y se promovió una cultura militarista, al tiempo que se cerraban carreras universitarias en el campo de las ciencias sociales y se perseguía y apresaba a estudiantes y docentes que se manifestaban en contra del régimen. La desprotección de la población frente a los abusos de los poderosos fue total. Se constituyó un esquema de trata de personas: secuestro, violación, abuso y explotación sexual de niñas y adolescentes por parte del dictador Alfredo Stroessner y miembros de las fuerzas militares, policiales y civiles.
La represión de la disidencia fue amplísima, abarcando a partidos políticos de oposición, sindicatos, ligas campesinas, organizaciones de estudiantes, militantes eclesiásticos de base, sacerdotes y religiosas, periodistas, docentes, artistas, juristas, comunidad TLGBI, y a los sectores democráticos de la ANR y de las Fuerzas Armadas que se resistieron al proceso de stronización del Partido Colorado. Unificado bajo la doctrina fascista del stronismo, el aparato del Partido Colorado se constituyó en instrumento de control social a nivel territorial y sectorial, brindando además la fachada institucional partidaria para los simulacros electorales. La ANR fue el sostén cívico-político de la dictadura.
La dirigencia stronista organizó el golpe del 2 y 3 de febrero de 1989 con el objetivo de asegurar la continuidad del bloque de poder consolidado durante los 35 años de dictadura, abrir el Paraguay para un mayor saqueo de sus recursos naturales y evitar que las fuerzas democráticas y populares logren el derrocamiento de la tiranía militar fascista. Corruptos militares stronistas, vinculados al narcotráfico, como Andrés Rodríguez y Lino Oviedo, lideraron un proceso de apertura política tutelada. A tres meses del golpe, bajo las mismas
reglas de juego del sistema electoral y judicial stronista, se realizaron las primeras elecciones generales. Posteriormente, en 1992 se desarrolló la Convención Nacional Constituyente, bajo la hegemonía colorada. Tras décadas de totalitarismo, las elites políticas, judiciales, policiales y militares que sustentaron el régimen dictatorial, continuaron habilitadas en el ejercicio del poder público y conservaron el control del país. La Constitución Nacional de 1992 carece de efectividad porque el cuoteo político fue el criterio de integración de los principales órganos de justicia y control, bajo supremacía colorada, incluyendo la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Superior de Justicia Electoral y la Fiscalía General del Estado. Se ha asegurado de este modo la impunidad de los delitos del pasado reciente y de los esquemas actuales de violación de derechos humanos. El sistema dictatorial no fue desmontado. No se identificó, juzgó ni sancionó a los responsables de los crímenes de lesa humanidad y de la apropiación de innumerables bienes públicos. El dictador Alfredo Stroessner fue presidente honorario de la ANR hasta su fallecimiento. A través de un proceso electoral viciado, Mario Abdo Benítez –hijo del secretario privado de Stroessner– es en la actualidad Presidente de la República. El Partido Colorado no ha hecho un reconocimiento de corresponsabilidad por las violaciones de los derechos humanos durante la dictadura stronista, ni ofrecido disculpas públicas a las víctimas.
De este modo, bajo el manto de una democracia formal, se amplió y profundizó el orden oligárquico-mafioso originado en el stronismo, basado en un modelo económico extractivista y excluyente. En la actualidad: El Poder Judicial, la Fiscalía y las fuerzas policiales y militares constituyen el aparato represivo que defiende esta estructura de poder violatoria de los derechos humanos de la población. Desde dicho aparato se garantiza la impunidad de los poderosos y se criminalizan las luchas sociales: miles de referentes de organizaciones campesinas, decenas de estudiantes secundarios y universitarios, referentes de organizaciones de personas sin techo y de otros sectores sociales han sido y se encuentran siendo procesados penalmente o cumplen arbitrarias condenas por la defensa de los derechos humanos.
La concentración y el acaparamiento de tierras continuó aumentando exponencialmente, siendo hoy el país con mayor desigualdad en la tenencia de la tierra a nivel mundial. En ese contexto, desde 1989, más de 120 campesinos han sido asesinados en el Paraguay en el marco de luchas por el derecho a la tierra. El caso Curuguaty es una síntesis de la continuidad del modelo stronista en lo económico y en lo represivo, evidenciando una vez más la ausencia de institucionalidad democrática con el golpe parlamentario de junio de 2012, avalado por la Corte Suprema de Justicia.
Entre 1989 y 2012, 147 jóvenes resultaron muertos y dos desaparecidos en cumplimiento del SMO. Miles más han sido torturados y humillados por ser pobres
en el ámbito de las FFAA. Las luchas sociales lograron que el Estado paraguayo por ley prohíba el reclutamiento de menores en los cuarteles. Sin embargo, en la actualidad hay más de 400 menores de edad en las FFAA, según señala el Ministro de defensa. El mismo Presidente de la República ordenó el reclutamiento de su hijo menor, lo cual ha sido avalado por una jueza, violando la Constitución Nacional y las leyes vigentes.
Se ha mantenido la práctica de violaciones sistemáticas a los derechos humanos de los niños, las niñas y adolescentes, especialmente de quienes trabajan y de quienes provienen de las familias más pobres. La naturalización del abuso de niñas y niños, instalada por la dictadura stronista, ha calado hondo y sigue siendo una deuda pendiente la educación sexual integral. En la actualidad, cada año, más de 600 niñas de entre 10 y 14 años son obligadas a ser madres, producto de violaciones. Todavía hay más de 46.000 niñas y niños en situación de criadazgo, y el 33% de los niños y de las niñas menores de cinco años sufren desnutrición crónica o riesgo de desnutrición.
Los desalojos forzosos contra comunidades campesinas, comunidades indígenas y asentamientos urbanos se multiplican en todo el país; así como la falta de libertad sindical, la precarización laboral, y la desprotección generalizada de las comunidades rurales frente al uso masivo de agrotóxicos. La salud y la educación siguen siendo derechos básicos ampliamente vulnerados por el Estado. La sociedad paraguaya sigue en resistencia contra este modelo de acumulación económica, violencia estructural y represión estatal. Ha sido la organización y la creatividad de la gente la que ha posibilitado los principales avances en estos 30 años. La libertad de las presas y presos políticos de Curuguaty fue producto de la amplia lucha unitaria y constituye una conquista del poder popular. También son conquistas del poder popular las cientos de miles de hectáreas de tierra recuperadas del latifundio por las organizaciones campesinas mediante ocupaciones que permitieron el desarrollo de numerosos asentamientos. A 30 años de la caída de Stroessner el desafío es derribar al stronismo, hacer memoria, enjuiciar a los responsables del saqueo y el terrorismo de Estado, recuperar las tierras y bienes robados al pueblo, construir poder popular en unidad para avanzar en conquistas democráticas que posibiliten condiciones para la felicidad colectiva de todas y todos quienes vivimos en el Paraguay. Renovamos el compromiso de luchar y construir organización en el campo y la ciudad para acabar con la herencia stronista y construir una sociedad democrática, justa y plural.
Por todo esto, las organizaciones e individualidades convocantes de esta marcha, exigimos: Destinar presupuesto adecuado para la búsqueda e identificación de personas desaparecidas durante la dictadura stronista.
Enjuiciar y castigar penalmente a los responsables de las violaciones a los derechos humanos, dada la naturaleza imprescriptible de los delitos de lesa humanidad.
Establecer la obligatoriedad en el plan común de la educación escolar media de la asignatura “Autoritarismo en la historia reciente del Paraguay”, tanto en instituciones de gestión pública como en las privadas y subvencionadas. La educación pública debe asumir su carácter de derecho fundamental, teniendo como núcleo la educación en derechos humanos y dando un espacio significativo a la construcción y difusión de la memoria histórica. Las nuevas generaciones tienen derecho a la verdad sobre lo ocurrido en nuestro pasado reciente para definir su responsabilidad ante el mismo y ante la construcción del futuro de nuestra sociedad. Los procesos educativos pueden aportar mucho en la tarea de decidir qué cosas no deseamos que se sigan repitiendo en la sociedad y qué valores, principios democráticos y de derechos humanos se desea promover, profundizar y extender.
Investigar y castigar a los responsables de violaciones y esclavitud sexual durante la dictadura, en particular, contra niñas, niños y adolescentes, y reparar a las víctimas.
Esclarecer y sancionar los crímenes de odio cometidos contra lesbianas, gays, transexuales, travestis, bisexuales e intersexuales, durante el gobierno de Stroessner y desde 1989 hasta la fecha.
Investigar, esclarecer y sancionar los casos de matanzas y otras violaciones a los derechos humanos cometidas contra pueblos indígenas, como ha sido el genocidio Aché, con el objetivo de reparar los daños causados y restituir derechos.
Investigar, juzgar y sancionar a los responsables de las violaciones a los derechos humanos cometidos contra jóvenes que realizaron el SMO.
Crear la jurisdicción agroambiental que posibilite la recuperación de las tierras mal habidas para su posterior adjudicación a los legítimos sujetos de la reforma agraria.
Iniciar la recuperación de otros bienes públicos apropiados ilegalmente durante la dictadura, como son las numerosas plazas convertidas en seccionales coloradas en todo el país. Restituir tierras ancestrales a pueblos indígenas despojados durante la dictadura, reconociendo que son la raíz de la cultura paraguaya.
Retirar de toda institución pública, en especial, de centros educativos, placas, imágenes, monumentos y otros símbolos que reivindiquen a la dictadura y a sus referentes. Cambiar los nombres de instituciones educativas y de calles que aludan a referentes de la dictadura stronista.
Declarar como “espacios de memoria” sitios vinculados con las violaciones a los derechos humanos: lugares de detención, tortura, fosas comunes y otros. Ordenar la apertura de archivos policiales y militares para la investigación de los crímenes de lesa humanidad cometidos entre 1954 y 1989.
Solicitar a gobiernos vinculados al Plan Cóndor la apertura de archivos que registren las violaciones a los derechos humanos cometidos contra paraguayas y paraguayos en otros territorios.
Garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Hacer cumplir las leyes nacionales que prohíben taxativamente el ingreso de personas que no hayan cumplido los 18 años dentro de las FFAA. Exigimos más presupuesto para educación y menos dinero para armas.
Reformar el sistema electoral para garantizar condiciones de igualdad de participación a todos los sectores políticos, transparencia en la organización e independencia en el juzgamiento de todo el proceso electoral.
Derogar las leyes de militarización (2013) y “antiterrorista” (2010).
Aprobar una Ley contra toda forma de discriminación.
Poner fin a la criminalización de las luchas sociales, cuya expresión más grave es la existencia de presos políticos. ¡Libertad a los seis campesinos y a Genaro Meza!
No más atropellos a los derechos humanos de las familias que viven en los Bañados. Respeto al derecho a la tierra y al derecho a vivir en la ciudad de las poblaciones bañadenses. ¡No más expulsiones forzosas con el avance de los “megaproyectos”!
Cesar los desalojos en el campo y en la ciudad. Derogar el “Plan de Acción Conjunta para casos de hechos punibles de invasión de inmueble ajeno” entre el Ministerio del Interior, la Fiscalía General del Estado y la Comandancia de la Policía Nacional, por el cual se facilita la comisión de desalojos ilegales que dejan en la calle a cientos de familias indígenas, campesinas y periurbanas. Poner fin a la especulación inmobiliaria y generar políticas que posibiliten el acceso de las familias trabajadoras a la tierra y la vivienda digna.
¡Por la memoria viva de quienes dieron su vida por la libertad y la democracia! ¡Por la memoria, el juicio y el castigo de represores y saqueadores y la recuperación de
tierras y bienes malhabidos! ¡Terrorismo de Estado NUNCA MÁS!
