La aprobación de Ley de Ollas Populares constituye un avance importante hacia el derecho a la alimentación y la seguridad alimentaria, sobre todo en este contexto de la agudización de la crisis sanitaria y económica que miles de personas lo viene padeciendo.
La ley de Apoyo y Asistencia a las Ollas Populares organizadas en todo el territorio de la República durante la Pandemia rompe con la lógica asistencialista y amplia el derecho en la igualdad, teniendo en cuenta la cobertura de las ollas populares, además de todos los elementos incorporados en el proceso de reflexión de quienes a diario se encuentran asistiendo a miles de familias genera otro elemento que es la participación indispensable en las políticas públicas que deben generarse desde el estado y la sociedad civil.
Por otra parte, la conquista de los derechos básicos que se generan con las bases organizativas y la sociedad civil como rol protagónico hoy pasan a ser contralores en la implementación de esta ley con la exigibilidad de las rendiciones de cuentas, la transparencia, la garantía en cuanto a la adquisición de compras y sobre todo cero politizaciones de los recursos a ser destinados a las ollas teniendo en cuenta experiencias de partidización, todo esto y más debe estar contemplado en la reglamentación como mecanismos que faciliten la inmediatez en el acceso, como el efectivo control y cumplimento.
Ha quedado demostrado que los programas de protección social implementados por el gobierno en esta pandemia no han sido suficientes, por tanto, la aprobación de la ley será de significativo progreso en la protección social y en el derecho a la alimentación, que no bastará con la aprobación de la ley sola si con su aplicación íntegra y el cumplimiento efectivo inmediato y adecuado por parte de las instituciones responsables indicada en la ley, a todas las ollas populares y por qué no aquellas que por la crisis no han podido continuar y han dejado a miles de personas sin un alimento diario.
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