Impartiendo justicia se evitaría propagación del Coronavirus

La pandemia del coronavirus ha obligado a las personas a encerrarse en sus casas a fin de resguardarse del contagio permitiendo comprender en dosis minúscula lo difícil que es el encierro, incluso teniendo a disposición varias comodidades; sin embargo, en Paraguay seis dirigentes campesinos se encuentran encerrados injustamente desde hace casi 14 años en la cárcel de Tacumbú; están privados no solo de su libertad sino de muchísimos otros derechos. Los mismos son Arístides Vera, Simeón Bordón, Agustín Acosta, Gustavo Lezcano, Roque Rodríguez y Basiliano Cardozo.

Los seis campesinos están encerrados sin que exista alguna razón judicial o jurídica que justifique tremenda injusticia, sino más bien su encierro de debe a razones políticas; es decir, fueron encarcelados sin que exista un solo elemento que les pudiera vincular con el hecho por el que se les acusa y condena a 35 años por su supuesta participación en la muerte de la hija de un ex presidente de la república. Este hecho fue aprovechado por las autoridades para anular a varias personas y organizaciones acusándoles, sin una sola prueba, de que han tenido participación en el mencionado hecho punible; de esa manera, muchos dirigentes campesinos, educadores populares y miembros de organizaciones sociales y políticas no afines al sistema de gobierno han sido encarcelados.

Entre ellos están los seis dirigentes campesinos a quienes las organizaciones populares y de Derechos Humanos del país y de varios otros países denominan presos políticos.

Así como los seis campesinos devenidos en presos políticos, hay otras personas que han sido condenadas injustamente. Pero también en la cárcel de Tacumbú y en otras cárceles del país, están recluidas muchas personas que no han sido condenadas; probablemente esos reclusos son inocentes y no pueden demostrarlo porque no cuentan con recursos económicos para pagar a un abogado que les pueda defender jurídicamente. El 80 por ciento de la población penitenciaria está compuesta por personas sin condena. Es el motivo principal del hacinamiento.

Este estado de cosas viola derechos fundamentales de miles de personas, sumado a las deplorables condiciones de encierro que constituyen tratos y/o penas inhumanos, degradantes y crueles, prohibidos legalmente. Dichas situaciones padecidas por los sectores populares contrastan con la impunidad de la que gozan los criminales de lesa humanidad en el Paraguay.

Estas realidades evidencian que el Estado paraguayo no busca la justicia. Convierte las cárceles en depósitos infrahumanos donde recluir a los más carenciados y a personas que cuestionan el orden social injusto.

Así como el Estado no tiene el interés ni la capacidad para determinar quiénes son inocentes o culpables, tampoco tiene la voluntad de resguardar a ciudadanos recluidos en las cárceles. Eso es peligrosamente preocupante, puesto que, en caso de que la infección del coronavirus llegase a ocurrir en el recinto penitenciario, este Estado no podrá tener control sobre la pandemia y muchos seres humanos se enfermarán y probablemente fallecerán.

Además, desde ahí podría contagiar, enfermar o matar (por circulación comunitaria del virus) a un alto porcentaje de la población más cercana, sobre todo sabiendo que el sistema de salud es extremadamente precario, a raíz de décadas de corrupción y saqueo de recursos del pueblo que debían ser destinados para hospitales, médicos y remedios. Los beneficiarios de ese saqueo son los que impunemente están teniendo el control del Estado para seguir beneficiándose de los recursos de todo el país.

En época de pandemia existe una alta posibilidad real de que ocurra una infección general en las cárceles, la cual debe ser tomada en serio por el Estado a fin de emplear todos los recursos necesarios para prevenir dicha situación que podría desembocar en un contagio de toda la zona de alrededor e incluso expandir más su radio de infección de manera más rápida de lo previsto. Pero si el Estado no garantiza la vida ni salud de los internos desde siempre, difícilmente pueda hacerlo ahora. Eso es un peligro real para toda la población.

Si el Estado fuese justo, serio y eficiente, los que no reciben todavía condena tendrían que estar con prisión domiciliaria hasta que reciban condena o concederle la libertad en caso de que sean inocentes. Así también, los presos políticos deberían recuperar inmediatamente su plena libertad. Los adultos mayores y quienes padecen alguna enfermedad (física o psiquiátrica) tendrían que estar cumpliendo su condena en sus casas en donde también esos enfermos deben seguir su respectivo tratamiento.

Al implementar estas medidas se evitaría el casi extremo hacinamiento o la tan peligrosa aglomeración de personas en las cárceles; eso –además de representar justicia- ayudaría a evitar la propagación descontrolada del coronavirus y ayudaría bastante al Estado a preparar a los internos para la inserción social de los mismos, una vez cumplida su condena; la población penitenciaria se reduciría 80%; al solucionar el problema del hacinamiento, no habría necesidad de construir nuevas cárceles, ya que dichas construcciones costarían cuantiosa suma de dinero al Estado (que el pueblo debe pagar), demostraría su incapacidad estatal de impartir justicia a los ciudadanos y perpetuaría todos los males descritos arriba.

Este es el momento de accionar racionalmente, respetando los derechos de todos, cuidando la salud de toda la población y construyendo una sociedad más humana donde el motor que mueve todo el engranaje sea la justicia, pues sin justicia no hay democracia.

¡NADIE SUELTA LA MANO DE NADIE!

Libertad a los presos políticos y a los demás encarcelados injustamente