En este 2019 se cumplen 71 años de la proclamación de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 30 años de la adopción de la Convención sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes y 30 años de la caída militar de Alfredo Stroessner.
En el Paraguay la realidad de los derechos humanos ha estado marcada por el legado de la dictadura stronista: detrás de la vigencia aparente de derechos, persisten todas las causas que generan violaciones masivas y sistemáticas a los derechos fundamentales de las mayorías sociales. Asimismo, se acentúa la violencia represiva desde el Estado para amedrentar a quienes protestan y exigen respeto a sus derechos.
Hagamos memoria: en febrero de 1989 Stroessner dejó el gobierno, pero la estructura dictatorial permaneció intacta. No se desmontó totalmente el aparato policial y militar represivo, ni se constituyó un Poder Judicial democrático e independiente, que permita al pueblo recuperar los bienes, riquezas y recursos del país saqueados durante 35 años, incluyendo los millones de hectáreas de tierras mal habidas, así como el juicio y castigo de los responsables de los crímenes de lesa humanidad. El resultado ha sido la más indignante y nociva impunidad. Quienes gobernaron junto a Stroessner, promoviendo el terrorismo de Estado -y sus descendientes- siguen teniendo el control del país y del Estado. Ese pequeño grupo continúa entregando las riquezas del país, beneficiándose de la corrupción mafiosa, acentuando la pobreza y la desigualdad social, con la impunidad que le brinda la captura de todos los poderes del Estado. En el Paraguay gobiernan la mafia y la narcopolítica.
El Poder Judicial, la Fiscalía y las fuerzas policiales y militares constituyen el aparato represivo que defiende esta estructura de poder.
Hoy en el Paraguay se vulneran todos los derechos fundamentales garantizados en la Constitución Nacional: I) el derecho a la educación, al no garantizarse el acceso a la educación media, las escuelas se caen a pedazos, pese a existir recursos como el FONACIDE que son utilizados corruptamente, el acceso a la universidad sigue siendo un privilegio de unos pocos por la cobertura a nivel nacional, lo que significa una discriminación para miles de jóvenes que no cuentan con recursos para vivir en la ciudad; II) el derecho a la salud, niñas y niños, mujeres y hombres, personas mayores, mueren diariamente por falta de medicamentos y de atención suficiente en los hospitales; III) el derecho al trabajo en condiciones dignas y justas, pues existe una extrema precarización de los sectores trabajadores y persecución a las organizaciones sindicales, evitando el derecho a la libertad de asociación y organización, con patronales asfixiando al pueblo trabajador con salarios bajos, promoviendo la inseguridad social y borrando a la jubilación del horizonte de las y los trabajadores; IV) el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, las estadísticas de feminicidios y violencia contra las mujeres aumentan y los organismos competentes no brindan respuestas adecuadas ante las denuncias; V) el derecho a la integridad personal, las torturas –como típica práctica stronista– siguen vigentes en las comisarías, en las calles; VI) el derecho de libre expresión y el derecho a la no discriminación, la censura a los derechos de expresión y manifestación de las colectividades TLGBIQ y las brutales agresiones contra las mismas provienen incluso desde el mismo Estado, a través de sus aparatos represivos; la fuertísima discriminación contra los pueblos originarios que persiste y se manifiesta en múltiples formas; VII) el derecho a vivir en un ambiente saludable, a la deforestación masiva en todo el país se suma la destrucción de espacios públicos como el Jardín Botánico; la creciente liberación de eventos transgénicos, pese a sus evidentes consecuencias en la generación de enfermedades y en la expulsión de compatriotas de sus territorios; VIII) el derecho a un nivel de vida adecuado, la pobreza extrema afecta a cientos de miles de compatriotas, mujeres, hombres niños y niñas, quienes no tienen lo suficiente para comer ni vestir; IX) el derecho a la tierra y la vivienda digna, al aumentar el acaparamiento de tierras en el campo y la ciudad, desde el gobierno se profundiza la política de desalojos forzosos, sin orden judicial, contra comunidades campesinas, indígenas y urbanas, quemando hasta los cuadernos de niños y niñas en edad escolar, y X) el derecho a la libertad de pensamiento, a la justicia y al debido proceso, pues seguimos teniendo presos políticos en las cárceles, personas privadas de libertad en forma injusta e ilegal, criminalizadas por su compromiso con la construcción de una sociedad más equitativa y con justicia social.
A ello se suman los recortes presupuestarios que generan mayor vulneración en todos los derechos humanos, la represión, la criminalización de las luchas sociales, la persecución de los defensores y las defensoras de DDHH, la militarización y el aumento de cárceles.
Con este panorama de violaciones de derechos fundamentales, que no es exhaustivo, nos preguntamos: ¿Es posible vivir en democracia en ausencia de derechos humanos? ¿La continuidad de la estructura de poder stronista es compatible con la democracia que anhelamos?
Ninguna violación de derechos humanos en Paraguay está aislada, todas tienen como base fundamental al stronismo, en un contexto regional que muestra el peso de los legados dictatoriales contra numerosos pueblos hermanos y sus avances democráticos. Es necesario señalar que la política de terrorismo de Estado y corrupción galopante ha tenido un financista, tutor y protector: los sucesivos gobiernos de los EEUU.
En este día, denunciamos la particular responsabilidad que tienen el Poder Judicial y la Defensoría del Pueblo en este esquema de violaciones sistemáticas de derechos humanos en el país, pues se trata de instituciones creadas para velar por la garantía de los derechos humanos de todas las personas, en especial, de aquellas más desprotegidas y oprimidas. Al mismo tiempo condenamos al Gobierno neostronista encabezado por Mario Abdo Benítez (h), por el nefasto y hambreador continuismo de la política de entrega y saqueo de los recursos que son propiedad de todo el pueblo paraguayo.
Hacemos un llamamiento a todos los ciudadanos y las ciudadanas a no resignarnos a este mal vivir, a reconocer el poder social que emerge de nuestra unidad y a conquistar todos los derechos que nos han continuado arrebatando durante los últimos 30 años. Hasta el logro de una verdadera democracia, por los miles de luchadoras y luchadores que entregaron su vida por un Paraguay nuevo, por ellas y ellos, por nosotras y nosotros, por quienes vendrán.
¡EXIGIMOS TODOS LOS DERECHOS Y DECIMOS NI UN PASO ATRÁS!
30 AÑOS: ES TIEMPO DE MEMORIA JUICIO Y CASTIGO
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