La confirmación de Jalil Rachid en el cargo de Fiscal de Curuguaty tras la presión corporativa de fiscales (incluida la Fiscal General) a la Corte Suprema de Justicia, para rever la desvinculación del mismo constituye una provocación a la sociedad nacional e internacional que sigue exigiendo sean investigados, enjuiciados y condenados los verdaderos responsables de la muerte de 17 paraguayos ocurrida el 15 de junio de 2012 en la misma ciudad. A su vez dicha confirmación muestra que los sectores más atrasados y corruptos del Poder Judicial siguen dominando en el sistema de justicia.
Son estos magistrados y fiscales quienes han garantizado la impunidad de los crímenes de lesa humanidad y la malversación de tierras y bienes públicos durante la dictadura stronista, quienes han contribuido a que la corrupción se generalice desde 1989 en todos los niveles, y que el derecho a la verdad y a la justicia parezca una utopía en el Paraguay.
Jalil Rachid –junto a toda su familia- es beneficiario del saqueo al cual fue sometido nuestro pueblo en el marco del terrorismo de Estado implantado por el stronismo. Su padre el caudillo del partido colorado Bader Rachid, junto a otros dirigentes políticos, jefes policiales y militares fueron sostén del régimen que secuestró, encarceló, torturó, asesinó y desapareció a tantos/as compatriotas que han luchado por la democracia y la justicia social.
Solamente la familia de Rachid ha usurpado de nuestro pueblo 1.498 hectáreas de tierras que forman parte de las casi 8 millones de hectáreas de tierras mal habidas, por lo que la utilización de todo el aparato estatal para preservar esos bienes usurpados seguirá siendo la tarea principal de este nefasto fiscal.
Desde la Plataforma Social de Derechos Humanos, Memoria y Democracia repudiamos enérgicamente la confirmación de Jalil Rachid como Fiscal de Curuguaty. Creemos que el mismo debe ser separado de los cargos públicos e investigado por el mal desempeño de sus funciones que pueden llegar a configurar delitos, como el ocultamiento de pruebas y la persecución de personas inocentes.
Tras la histórica sentencia de los magistrados Arnaldo Martínez Prieto, Emiliano Rolón y Cristóbal Sánchez, que evidenció la magnitud y gravedad de las arbitrariedades jurídicas en el proceso penal del caso Curuguaty, continuamos exclamando con más fuerza que nunca: ¿Qué pasó en Curuguaty?.
Llamamos a las organizaciones sociales y a la ciudadanía democrática a desplegar toda su creatividad, inteligencia, ética solidaria y acción consciente para lograr que Jalil Rachid, un símbolo del oprobio y de todo lo que requiere ser transformado para que exista un verdadero sistema de justicia, sea destituido e investigado por sus responsabilidades en el ejercicio de la función fiscal.
¡Justicia para los 17 paraguayos fallecidos en la Masacre de Curuguaty!
¡Fuera Rachid!
¡Por la memoria, el juicio y el castigo de represores y saqueadores y la recuperación de tierras y bienes malhabidos!
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