Central, 20 de setiembre de 2019
El día de ayer la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público y el Ministerio del Interior dejaron sin efecto el “Plan de acción conjunta para casos de invasión de inmueble ajeno” que establecía fases para ejecutar el “cese de hechos antijurídicos” en ocupaciones de tierras. Ante esta resolución, el Movimiento “Recuperemos Nuestras Tierras. Luchemos por nuestros derechos” expresa cuanto sigue:
1. Paraguay y sobre todo el Departamento Central, vive una crisis habitacional que tiene como fuente principal la falta de acceso a la tierra para cientos de miles de compatriotas.
2. El acceso a la Tierra y a la Vivienda Digna son derechos consagrados en la Constitución Nacional. Existen muchas más leyes que apuntan a garantizar estos derechos antes que para negarlos, alguno de ellos son los siguientes: - el Art. 1 de la CN; que reza que estamos en un Estado Social de Derecho, - el Art. 100 de la CN; del derecho a la Vivienda Digna, - el Art. 109 de la CN; donde se establece el principio constitucional de la función social de la propiedad, -el Artículo 114 de la CN; donde se establece la obligación constitucional de implementar sistemas equitativos de distribución, propiedad y tenencia de la tierra, -los Arts. 115 inc 1 y 116; donde se establece la obligación constitucional desalentar y eliminar progresivamente el latifundio.
3. Ni la Fiscalía y mucho menos la policía puede arrogarse la facultad jurisdiccional de dar por comprobada la comisión del tipo penal de invasión de inmueble ajeno, sin que siquiera a través de un debido proceso penal se hayan acreditado todos los elementos del tipo penal, y todos los requisitos de la antijuridicidad y la reprochabilidad penal.
4. Es repudiable que los actores de la sociedad civil con quienes se reúne las autoridades de este gobierno para debatir y tomar estas decisiones sean solamente con representantes de un sector de la sociedad, en este caso de los latifundistas, empresarios, ganaderos de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), la Unión de Gremios de la Producción (UGP) y la Unión Industrial Paraguaya (UIP). ¿Cuándo el Ministro Villamayor convocó a sectores carenciados de la sociedad para buscar soluciones humanas al conflicto de tierras del Paraguay?
5. Repudiamos la decisión de ayer la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público y el Ministerio del Interior y exhortamos a estas autoridades a que si tanto quieren hacer cumplir las leyes desalojen también a los ilegales invasores de las más de 7.000.000 de hectáreas repartidas ilegalmente en la dictadura estronista a amigos del régimen, entre ellas las 2.906 hectáreas del Presidente de la República, Mario Abdo Benítez.
6. El MRT llama a todos los asentamientos y ocupaciones irregulares a salir a las calles a luchar por nuestros derechos, exigir lo que nos corresponde y lograr que los desalojos, en última instancia se ejecuten de forma legal, desde el ámbito civil.
¡EN CONTRA DE DESALOJOS, CRUELES, INHUMANOS E ILEGALES!
GOBIERNO PRO LATIFUNDISTAS y EMPRESARIOS, GOBIERNO ANTI-PUEBLO
Por Tierra, Vivienda y Dignidad”: DESALOJOS, en última instancia, deben ser resultado de una orden judicial