Desde la Plataforma Social de DDHH, Memoria y Democracia nos dirigimos a la opinión pública nacional e internacional para expresar cuanto sigue:
La proliferación de personas afectadas por el Covid-19 en el mundo y, particularmente, en nuestro país, representa una crisis social que obliga tanto al Estado como a la sociedad civil a asumir con vital seriedad las medidas sanitarias de manera a superar esta pandemia.
Reconocemos el esfuerzo y el compromiso de las trabajadoras y trabajadores del ámbito de la salud, en el contexto de un sistema de salud extremadamente precario como el que existe en el Paraguay.
Sin embargo, vemos con mucha preocupación sobre todo la salida de las Fuerzas Armadas a las calles bajo la supuesta necesidad de controlar a la población civil, cuando en realidad no existe ningún desbordamiento de la Policía Nacional. En realidad, la apelación a las fuerzas policiales y militares para amedrentar a la sociedad, como si de un bien se tratase, tiene un carácter profundamente ideológico. Durante los 35 años de terrorismo de Estado los militares y policías fueron empleados para la supresión de los derechos del pueblo, al servicio de intereses de cúpulas sanguinarias, corruptas y saqueadoras.
Desde 1989, pese a esfuerzos de democratización impulsados por los movimientos sociales, aún no hemos logrado la vigencia de un Estado de derecho, con fuerzas públicas profesionales, respetuosas de los derechos humanos y regidas por un paradigma democrático de seguridad ciudadana. Es por esto que insistimos en estar muy alertas ante abusos de poder de policías y militares, atendiendo a que la orientación del actual gobierno es represiva y autoritaria.
A su vez, es evidente la irresponsabilidad y falta de escrúpulos de quienes dirigen el Poder Legislativo y el Ejecutivo, preparándose para aprovechar la “emergencia por coronavirus” y realizar posibles préstamos multimillonarios (en nombre del pueblo), que no beneficiarán precisamente a la población, sino solamente a esa cúpula corrupta, salvo una presión social organizada por sectores democráticos del campo popular.
Desde el Estado no se adoptan las medidas debidas para evitar las especulaciones de los empresarios farmacéuticos que encarecen sus productos aprovechándose de esta pandemia, ni aquellas necesarias para brindar atenciones médicas integrales tal como requiere la ciudadanía en este momento, a pesar de todo el esfuerzo humano de los y las trabajadoras/ros médicos que también están expuestos por la falta de equipos de protección y materiales de higiene.
El Estado tampoco emplea medidas de control para evitar que las patronales obliguen a los/as trabajadores/as a exponerse a los contagios en sus lugares de trabajo; ese mismo Estado ignora y perjudica al 70% de los/as trabajadores/as que no se encuentran formalizados sino que subsisten con el trabajo diario en el amplísimo campo de la economía popular. Tampoco el Estado implementa una política de protección a las personas privadas de libertad que ya sufren graves privaciones en tiempos comunes y son sus familiares quienes cotidianamente suplen las falencias estatales.
Los controles del Estado no se orientan a solucionar la carencia de agua potable que en este momento padecen los/as pobladores/as del Bañado Sur y algunos sectores de Asunción, fundamental medida de protección social en estas circunstancias y derecho humano básico.
La ciudadanía no debería perder de vista que todas las carencias en las instituciones públicas en general, y en los hospitales y centros de salud en particular, son consecuencias del régimen de corrupción generado por la tiranía stronista y ampliado por sus descendientes herederos, quienes siguen dirigiendo el Estado, impunemente, al no haber existido procesos de juicio y castigo por los crímenes y saqueos cometidos.
En este momento de crisis sanitaria, instamos a la sociedad a tomar todos los resguardos para evitar los contagios sin dejar de practicar la solidaridad y el cuidado entre todos y todas, exigiendo que el Estado cumpla con sus obligaciones en materia de garantía de derechos y denunciando los excesos que eventualmente puedan darse desde la actuación policial y militar.
Asunción, Paraguay, 18 de marzo de 2020