En el año 2012 el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra adquirió 1.059 hectáreas de tierra en la Compañía Arroyo Costa, distrito de Mbujapey, Paraguarí. La transferencia de dicha propiedad al Indert se realizó en julio de 2014, bajo la presidencia de Justo Pastor Cárdenas.
Cien familias campesinas sin tierra, organizadas en dos comisiones vecinales, 1° de Marzo y Jerovia Pyahu, ocuparon parte de las 1.059 hectáreas, realizando todos los trámites correspondientes ante el Indert para el loteamiento y adjudicación a las familias sujetos de la reforma agraria, y la habilitación de una colonia campesina en las tierras adquiridas por el Instituto.
Hace unos meses surgió un conflicto jurídico por una presunta superposición de títulos, entre el título del Indert y títulos de propiedad dentro de su predio reivindicados por dueños de dos estancias ganaderas. Los mismos habrían promovido un Interdicto de retener la posesión ante el juzgado civil de Paraguarí. Ante la inacción del Indert en dicho juicio, el trámite judicial avanzó, sin que las familias ocupantes hayan tenido ninguna posibilidad de ejercer su derecho de acceso a la justicia.
De acuerdo a las informaciones proporcionadas por integrantes de las comisiones vecinales sin tierra, la jueza Liduvina Otazú, junto con policías y militares, se habría constituido hace unos días en el asentamiento para proceder a aplicar el interdicto en favor de los ganaderos. Nuevamente, el día de ayer miércoles 26 de junio en horas de la siesta se efectuó un operativo con más de 400 policías y militares, portando armas de grueso calibre, realizando disparos intimidatorios, quemando más de 30 viviendas precarias en las que vivían las familias campesinas. Las mismas tuvieron que huir hacia los montes por el temor de ser apresadas o heridas. Hasta el momento seis campesinos han sido detenidos, y el operativo policial-militar contra las familias sin tierra continúa, con rastrillajes en los montes, incluyendo perros y drones.
Ante esta situación de alto riesgo en términos de seguridad para las personas campesinas sin tierra afectadas, desde la Plataforma Social de Derechos Humanos, Memoria y Democracia instamos a la Defensoría del Pueblo, y a las Comisiones de Derechos Humanos del Congreso Nacional, a enviar con urgencia delegaciones al lugar para constatar los hechos que están ocurriendo e impedir que se produzcan acciones aún más graves contra las familias campesinas.
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